ACTUALIDAD

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  • Evento en el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona

    04/07/2018

    Ferran Zaragoza asistió el 3 de julio de 2018 a la Conferencia sobre la retribución de los administradores concursales, celebrada en el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, en la que fueron ponentes Dña. Yolanda Ríos López, Magistrada titular del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Barcelona, y D. Raúl N. García Orejudo, Magistrado titular del Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Barcelona.

     

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  • Los acuerdos de refinanciación según la Ley Concursal española

    12/06/2018
     De acuerdo con la Ley Concursal española, el deudor, empresario persona física o persona jurídica, puede suscribir un acuerdo de refinanciación con sus acreedores y conseguir así la continuidad de su actividad profesional o empresarial. Los acuerdos de refinanciación son mecanismos preconcursales que permiten afrontar situaciones de crisis empresarial en un marco extrajudicial. La intervención judicial en algunos acuerdos de refinanciación es inexistente y queda sustituida por una intervención puramente notarial, y en otros se limita a un control formal y material de determinados requisitos tasados por la Ley. Para que un acuerdo de refinanciación prospere es necesario que la actividad del deudor sea viable y rentable económicamente. De lo contrario, podremos encontrarnos con algunos acuerdos de refinanciación que sean verdaderos convenios de liquidación, los cuales están prohibidos por la Ley Concursal y podrían ser objeto de reintegración en un posible escenario concursal.
    De acuerdo con la Ley Concursal española, el deudor, empresario persona física o persona jurídica, puede suscribir un acuerdo de refinanciación con sus acreedores y conseguir así la continuidad de su actividad profesional o empresarial. Los acuerdos de refinanciación son mecanismos preconcursales que permiten afrontar situaciones de crisis empresarial en un marco extrajudicial. La intervención judicial en algunos acuerdos de refinanciación es inexistente y queda sustituida por una intervención puramente notarial, y en otros se limita a un control formal y material de determinados requisitos tasados por la Ley. Para que un acuerdo de refinanciación prospere es necesario que la actividad del deudor sea viable y rentable económicamente. De lo contrario, podremos encontrarnos con algunos acuerdos de refinanciación que sean verdaderos convenios de liquidación, los cuales están prohibidos por la Ley Concursal y podrían ser objeto de reintegración en un posible escenario concursal.

    Los acuerdos de refinanciación fueron introducidos en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal por el Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la situación económica. Desde entonces, han sufrido una evolución legislativa más o menos constante hasta su última modificación, recogida en la Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal.

    Existen dos grandes grupos de acuerdos de refinanciación: los generales, previstos en el artículo 71 bis de la Ley Concursal, y los específicos, previstos en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley Concursal. A su vez, dentro de los generales podemos encontrar los acuerdos de refinanciación colectivos (artículo 71 bis 1 de la Ley Concursal) y los singulares (artículo 71 bis 2 de la Ley Concursal).

    Acuerdos de refinanciación generales: colectivos vs. singulares

    Los acuerdos de refinanciación colectivos son aquellos acuerdos suscritos por acreedores cuyos créditos representan al menos tres quintos del pasivo del deudor. Dichos acuerdos deben consistir en la ampliación significativa del crédito disponible o en la modificación o extinción de obligaciones, bien mediante la prórroga de su plazo de vencimiento o mediante el establecimiento de otras contraídas en sustitución de aquéllas. El acuerdo debe responder a un plan de viabilidad, debe formalizarse en escritura pública y el auditor de cuentas del deudor o, en su defecto, el designado por el registrador mercantil de su domicilio, debe haber certificado el quórum de acreedores exigido legalmente.

    En contraposición, los acuerdos de refinanciación singulares son aquellos actos concretos suscritos por el deudor y sus acreedores. Dichos acuerdos deben formalizarse en escritura pública con justificación de los motivos de su adopción y deben cumplir con una serie de condiciones como: i) incrementar la proporción de activo sobre el pasivo previa, ii) resultar un activo corriente superior o igual al pasivo corriente, iii) existir proporcionalidad entre las deudas y las garantías resultantes, y iv) resultar un tipo de interés aplicable a la deuda subsistente no superior a un tercio del aplicable a la deuda previa.

    Acuerdos de refinanciación específicos

    Los acuerdos de refinanciación específicos se refieren a los acuerdos de refinanciación de pasivos financieros. Tienen la consideración de acreedores de pasivos financieros los titulares de cualquier endeudamiento financiero, estén o no sometidos a supervisión financiera. Los acreedores por créditos laborales, por operaciones comerciales o por créditos públicos, podrán adherirse voluntariamente al acuerdo de refinanciación. No obstante, estas adhesiones no se tendrán en cuenta a efectos del cómputo de las mayorías necesarias para adoptar el acuerdo. De la misma forma, tampoco se tendrán en cuenta a efectos del cómputo de las mayorías, los pasivos financieros titularidad de acreedores especialmente relacionados con el deudor, como por ejemplo socios (titulares directa o indirectamente de, al menos, un 5% del capital social, si la sociedad tiene valores admitidos a cotización en mercado secundario oficial, y de un 10% si no los tuviera), administradores de hecho o de derecho, sociedades del mismo grupo de empresas y socios comunes (con los mismos límites anteriores).

    A diferencia de los acuerdos de refinanciación generales, los específicos requieren de intervención judicial. La competencia objetiva para conocer de los acuerdos de refinanciación específicos corresponde a los Juzgados de lo Mercantil. Esta intervención consiste en un control formal y material de los requisitos tasados por la Ley, tras el cual se procederá a la homologación judicial si no existe oposición por parte de los acreedores.

    Para poder adoptar un acuerdo de refinanciación de este tipo, será necesaria la suscripción de, al menos, el 51% de los acreedores de pasivos financieros. Asimismo, el acuerdo deberá cumplir con las siguientes condiciones:

    • Deberá contemplar la ampliación significativa del crédito disponible o la modificación o extinción de obligaciones, mediante la prórroga del plazo de su vencimiento o mediante la sustitución de obligaciones.
    • Deberá contemplar un plan de viabilidad de la actividad profesional o empresarial a corto y medio plazo.
    • El auditor de cuentas del deudor, o en su defecto el nombrado por el registrador mercantil del domicilio del deudor, deberá certificar la mayoría necesaria para adoptar el acuerdo.
    • Deberá constar en escritura pública.

    La solicitud de homologación de un acuerdo de refinanciación específico podrá ser formulada por el propio deudor o por cualquier acreedor que haya suscrito el acuerdo. Una vez solicitada la homologación, no podrá solicitarse de nuevo hasta que transcurra un año.

    En caso de grupos de empresas, la Ley Concursal permite suscribir acuerdos de refinanciación conjuntamente para todas las sociedades del grupo.

    Extensión de efectos a los acreedores disidentes

    En los acuerdos de refinanciación de pasivos financieros, se prevén cláusulas de arrastre para los acreedores disidentes si concurren unas determinadas mayorías. Es decir, los efectos del acuerdo de refinanciación se extenderán a los acreedores que no hayan suscrito el acuerdo o que incluso hayan mostrado su disconformidad. En este caso, la Ley Concursal distingue entre acreedores de pasivos financieros sin garantía real y con garantía real:

    • Si el acuerdo ha sido suscrito por, al menos, el 60% del pasivo financiero en caso de acreedores sin garantía real, o por el 65% en caso de acreedores con garantía real, se producirá la extensión de efectos respecto a esperas (de principal, de intereses o de cualquier otra cantidad) con un plazo no superior a cinco años o respecto a la conversión de deuda en préstamos participativos durante el mismo periodo.
    • Si el acuerdo ha sido suscrito por, al menos, el 75% del pasivo financiero en caso de acreedores sin garantía real, o por el 80% en caso de acreedores con garantía real, se producirá la extensión de efectos respecto a esperas con un plazo de cinco años o más (con un máximo de diez), respecto a quitas o respecto a la conversión de deuda en acciones o participaciones de la sociedad deudora.

    Si el acuerdo de refinanciación cumple con las mayorías exigidas y con los requisitos materiales previstos en la Ley Concursal, el juez dictará una resolución judicial de homologación del acuerdo. Dicha resolución será publicada en el Registro Público Concursal y en el Boletín Oficial del Estado.

    Dentro de los quince días siguientes a la publicación, los acreedores de pasivos financieros afectados por la homologación judicial que no hayan suscrito el acuerdo o que hayan mostrado su disconformidad, podrán impugnar el acuerdo de refinanciación. La impugnación se tramitará ante el mismo juez que ha homologado el acuerdo de refinanciación y los únicos motivos de oposición que podrán alegarse serán un sacrificio patrimonial desproporcionado o el incumplimiento de las mayorías exigidas.

    Por otro lado, en caso de incumplimiento de los términos del acuerdo de refinanciación, cualquier acreedor, adherido o no, podrá solicitar ante el juez que homologó el acuerdo la declaración de incumplimiento. Una vez declarado el incumplimiento, los acreedores podrán instar la declaración de concurso de acreedores o iniciar las ejecuciones singulares de sus créditos.

    Evolución de los acuerdos de refinanciación de pasivos financieros en España

    Según datos estadísticos del Consejo General del Poder Judicial, para el periodo comprendido entre los ejercicios 2012 a 2017, ambos incluidos, sólo en los Juzgados Mercantiles de Barcelona se han dictado 38 autos de homologación de acuerdos de refinanciación de pasivos financieros.

    Dichos autos de homologación afectan a un total de 227 empresas, de las cuales el 52,63% forman parte de grupos de sociedades, y han supuesto la refinanciación de un pasivo total de 10.755.782.456,53 €, tal y como se muestra a continuación:

    El sector inmobiliario y de la construcción ha sido el más refinanciado durante este periodo en Barcelona, con un 66,83% del total refinanciado, por un importe total de 7.187.729.923,21 €.

    Otro sector en el que más se ha refinanciado ha sido el metalúrgico, con un importe total de 2.542.244.833,39 €, el cual representa el 23,64% del total.

    A nivel nacional, desde el ejercicio 2014 hasta el primer trimestre del ejercicio 2018, se han dictado un total de 315 autos de homologación de acuerdos de refinanciación de pasivos financieros.

     Conclusiones

    En comparación con los procedimientos de insolvencia, podemos afirmar que los acuerdos de refinanciación y concretamente los previstos en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley Concursal, son grandes desconocidos para las pequeñas y medianas empresas.

    Del pasivo total refinanciado durante los ejercicios 2012 a 2017 por los Juzgados Mercantiles de Barcelona (10.755.782.456,53 €), el 48,57% (5.224.000.000,00 €) lo fue de la constructora Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. y el 23,24% (2.500.000.000,00 €) lo fue de la metalúrgica Grupo Celsa. Por tanto, hasta la fecha y salvo algunas excepciones, han sido las grandes empresas las que se han visto beneficiadas por los acuerdos de refinanciación, por su gran dependencia del sector bancario.

    No obstante, cada vez más aumenta el interés de las compañías de menor tamaño por estos mecanismos de refinanciación y cada vez más existen en España Juzgados Mercantiles con mayor especialización en la materia.

    Por otro lado, y a nivel internacional, nuestra normativa en materia de acuerdos de refinanciación, mucho más flexible y facilitadora de acuerdos que la contemplada en otros países, podría convertirse en un polo de atracción para grandes corporaciones empresariales, que podrían tener interés en instalarse en España con la intención de afrontar, en un futuro, posibles crisis empresariales en las que sea necesario refinanciar sus deudas en un escenario favorable a sus intereses.

    En este sentido, parece que los diferentes actores que intervienen en todo el proceso, y sobre todo los Juzgados de lo Mercantil, han tomado conciencia de esta situación. En consecuencia, actualmente se está evaluando un proyecto que permitiría la tramitación de los acuerdos de refinanciación en inglés.

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  • Curso de Práctica Concursal

    08/05/2018

    Ferran Zaragoza asistió el 7 de mayo de 2018 al Curso de Práctica Concursal, celebrado en la sede del Colegio Notarial de Catalunya, en el que fueron ponentes D. Manuel Ruiz de Lara, Magistrado titular del Juzgado de lo Mercantil nº 10 de Barcelona, que habló sobre el convenio de acreedores, Dña. Yolanda Ríos López, Magistrada titular del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Barcelona, que habló sobre la venta de unidades productivas, y D. Raúl N. García Orejudo, Magistrado titular del Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Barcelona, que habló sobre la exoneración del pasivo insatisfecho en los concursos de personas físicas.

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  • Sharemula condenada a pagar 2M de euros a las discográficas

    02/05/2018

    El 4 de diciembre de 2017 la Audiencia Provincial de Madrid condenó a los titulares de la web www.sharemula.org a pagar 2,3 millones de euros a las discográficas demandantes (EMI, SONY, WARNER, entre otras). En concreto, el tribunal entendió que aunque las obras habían sido subidas y descargadas a la red por los propios usuarios, mediante el servicio P2P ofrecido por Sharemula, sus titulares intervenían, con pleno conocimiento de las consecuencias de su comportamiento, para proporcionar acceso a las obras protegidas, catalogando los ficheros Torrents que permiten a los usuarios localizar esas obras y compartirlas en red. Adicionalmente, la Audiencia Provincial de Madrid declara que los titulares de Sharemula no podían ignorar que su web permitía acceder a obras protegidas sin autorización de los titulares de derechos, teniendo en cuenta que la práctica totalidad de los archivos cuya descarga se facilitaba eran obras publicadas sin autorización, finalmente entendiendo que Sharemula infringía derechos de propiedad intelectual.

    Para calcular la indemnización se tomó como referencia la cifra de descargas efectuadas en la web (429.626 descargas) que se ha multiplicado por el beneficio medio que perciben las compañías por la venta online de un álbum, lo que a su vez se acreditó en base a contratos anteriores suscritos por las compañías discográficas, señalándose finalmente un total de 2,3 millones.

    La sentencia todavía puede ser apelada ante el Tribunal Supremo, por lo que seguramente no habremos escuchado la última palabra en este asunto. En cualquier caso, el impacto de la noticia es enorme. Tradicionalmente se ha estado absolviendo a los  proveedores del servicio P2P de denuncias y reclamaciones por la vía penal, no obstante con el impacto de una condena en la vía civil de esta consideración, es muy probable que la industria discográfica se vea definitivamente motivada a actuar para terminar de una vez con las descargas ilegales en internet.

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  • Curso de Práctica Concursal

    10/04/2018

    Ferran Zaragoza asistió el 9 de abril de 2018 al Curso de Práctica Concursal, celebrado en la sede del Colegio Notarial de Catalunya, en el que fueron ponentes D. Florencio Molina López, Magistrado titular del Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Barcelona, que habló sobre el crédito público y el régimen de derivación de responsabilidad de la Seguridad Social y de la Hacienda Pública, D. Eduardo Pastor Martínez, Magistrado titular del Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona, que habló sobre la calificación del concurso, y Dña. Marta Cervera Martínez, Magistrada titular del Juzgado de lo Mercantil nº 8 de Barcelona, que habló sobre la rendición de cuentas y la conclusión del concurso.

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  • Conferencia sobre novedades jurisprudenciales

    23/03/2018

    Ferran Zaragoza asistió el 22 de marzo de 2018 a la conferencia sobre las últimas novedades jurisprudenciales en materia concursal, celebrada en el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, en la que fue ponente D. Ignacio Sancho Gargallo, Magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo

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  • Cataluña, líder en España en solicitud de patentes

    20/03/2018

    La Oficina Europea de Patentes (EPO) publicó el pasado miércoles 7 de marzo su informe relativo al año 2017, del cual se desprende que Cataluña fue, con 633 solicitudes de patentes, la comunidad autónoma española con mayor número de solicitudes. Con una cuota del 37% sobre el total, la comunidad catalana se desmarca como líder indiscutible en España, lo que es resultado de su fuerte tejido industrial y viene a reforzar la apuesta de las empresas y centros de investigaciones catalanes por la innovación. Se puede acceder al informe anual 2017 a través del siguiente link: España en su conjunto, con un total de 1.676 solicitudes de patentes en 2017, representativas de un 1% del total recibidas por la EPO, queda muy relegada en comparación con las demás economías industriales. Según el informe de la EPO, los Estados Unidos de América estarían en primer lugar (42.300 – 26%), seguidos por Alemania (25.490 – 15%), Japón (21.712 – 13%) y Francia (10.559 – 6%). Por detrás quedaría en quinto lugar la República Popular China con 8.330 y el 5% de las solicitudes. Es relevante remarcar que el gigante asiático ha aumentado las solicitudes de patentes en un 15%, lo que es reflejo de los grandes avances que están realizando en materia de innovación e invención. En resumen, aun teniendo en cuenta las buenas noticias para Cataluña, lo destacable es que España en su conjunto se coloca en 16ª lugar en materia de solicitudes de patentes ante la EPO (y en 11º si solo tenemos en cuenta los estados de la UE), lo cual es un aumento del 7,4% en relación al año 2016, pero sigue estando muy detrás de países como Bélgica, Finlandia, Suecia, Holanda, etc.

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  • Sesión de Financiación a las Startups de EAE Business School

    14/03/2018

    El pasado lunes, día 5 de marzo, se llevó a cabo una sesión de financiación para las startups de EAE Lab en EAE Business School, donde Baker Tilly asesora a los emprendedores en materia Fiscal, Laboral y Legal. La sesión fue impartida por Elena García, del Banco Sabadell, que mostró a los asistentes modelos de financiación para sus empresas.

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  • Curso en la sede del Colegio Notarial de Catalunya

    06/03/2018

    Ferran Zaragoza asistió el 5 de marzo de 2018 al Curso de Práctica Concursal, celebrado en la sede del Colegio Notarial de Catalunya, en el que fueron ponentes D. Alfonso Merino Rebollo, Magistrado titular del Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Barcelona, que habló sobre el embargo preventivo del artículo 48 ter de la Ley Concursal, D. Hugo Novales Bilbao, Magistrado titular del Juzgado de lo Mercantil de Girona, que habló sobre el expediente de regulación de empleo, y D. César Suárez Vázquez, Magistrado titular del Juzgado de lo Mercantil de Tarragona, que habló sobre los embargos y apremios administrativos en concurso, y sobre la compensación de créditos.

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  • Nova Energía va a liquidación con un pasivo de 1,2 millones

    28/02/2018
    La empresa de calderas de biomasa Nova Energia, en concurso de Acreedores, irá a liquidación tras comprobar que ninguna compañía está interesada en asumir su unidad productiva. Ferran Zaragoza, de Baker Tilly, es el administrador concursal.

     

    Noticia de Expansión – edición Cataluña del 27/02/2018

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  • Evento en el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona

    27/02/2018

    Ferran Zaragoza asistió el 27 de febrero de 2018 a la Conferencia sobre aspectos prácticos de la compraventa de unidades productivas en el proceso concursal, celebrada en el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, en la que fueron ponentes Dña. Bárbara Córdoba Ardao, Magistrada titular del Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Barcelona, D. Jordi Carbonell Pastor, Subdirector de Política Industrial de la Dirección General de Industria de la Generalitat de Catalunya, D. Jordi Gras Sagrera, Abogado, y D. Ferran Rosell Güeto, Abogado.

     

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  • Alcance laboral de la nueva ley de contratos del sector público.

    20/02/2018

    El pasado 9 de noviembre de 2017 se publicó la nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre de contratos del sector público (LCSP). De conformidad con su disposición final decimosexta, su entrada en vigor está prevista a los cuatro meses de su publicación en el BOE, es decir, el 9 de marzo de 2018.

    Esta norma transpone las Directivas comunitarias 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 a la ley de contratos públicos, realizando por tanto una modificación de calado de la regulación vigente en la materia.
    Las siguientes líneas de este artículo están destinadas a identificar las novedades en materia socio-laboral introducidas por esta ley:
    En primer lugar, parece que existe una clara intención de aumentar los criterios sociales y medioambientales en los procesos de contratación pública, que deberán estar vinculados, en todo caso, al objeto del contrato. Hasta ahora, esa vinculación debía ser directa. La nueva LCSP flexibiliza este requisito, al entender vinculado cualquier criterio que se refiera o integre las prestaciones que deban realizarse en virtud de dicho contrato, en cualquiera de sus aspectos y en cualquier etapa de su ciclo de vida.

    Estos criterios se aplicarán, en caso de no previsión expresa, para el desempate entre dos o más ofertas, debiendo atenderse, por este orden, al mayor porcentaje de (a) trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión, (b) temporales, o (c) mujeres.

    Igualmente, podrán establecerse condiciones sociales o laborales en relación con la ejecución del contrato, siempre que estén vinculadas a su objeto. Entre las que cita la LCSP, cabe destacar, por su novedad, la de garantizar el respeto a los derechos laborales básicos a lo largo de la cadena de producción, un deber que todavía no existe en nuestro ordenamiento, pero que ya resulta exigible en países de nuestro entorno (Francia, Reino Unido) y cuya generalización vienen reclamando la OIT y el Parlamento Europeo.

    Por otro lado, promueve e impone (parcialmente) la aplicación del convenio colectivo sectorial, en contra del principio de prioridad aplicativa del convenio de empresa, dado que el presupuesto base de licitación (esto es, el límite máximo de gasto), deberá desglosar los costes salariales estimados a partir del convenio sectorial. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares deberán incluir, en todo caso, la obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales (y se entienden que demás derechos) conforme a dicho convenio sectorial. En caso de vulnerar esta obligación supondrá multas e incluso la resolución del contrato.

    Además, se introduce la prohibición de contratar con la administración para aquellas empresas de más de 250 trabajadores que incumplan la obligación de contar con un plan de igualdad. Así, lo que hasta hace poco era considerado por el Tribunal de Cuentas como un criterio de adjudicación inválido por, supuestamente, “no afectar a la prestación objeto del contrato”, ahora deviene en condición sine qua non para contratar con la administración, en el caso de aquellas empresas legalmente obligadas.

    Por último, aunque no por ello menos importante, se incorpora una nueva regulación sobre subrogación de trabajadores. Cuando la administración asuma por medios propios un servicio que venía prestándose por personal con obligación de subrogación en virtud de norma legal o convencional, deberá subrogarse en la condición de empleadora. Podrán imponerse penalizaciones al contratista saliente que incumpla la obligación de informar sobre las condiciones de subrogación. El contratista entrante dispondrá de una nueva acción de reclamación para el caso de que los costes laborales fueran superiores a los que se desprendieran de la información facilitada, y, en todo caso, estará exento de responsabilidad sobre los salarios y cotizaciones impagados respecto de los trabajadores afectados.

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